DOCUMENTO AUTOCONVOCADOS EN EDUCACIÓN GCBA

DOCUMENTO UNO ELABORADO Y APROBADO POR SUPERVISORES/AS Y DIRECTIVOS DE TODAS LAS ÁREAS Y NIVELES, JUNTO A SINDICATOS Y ASOCIACIONES DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN

Frente a la relación con el Ministerio de Educación en su conjunto, las percepciones del sistema frente a la gestión de gobierno en el Área educativa, las/os supervisoras/es y los directivos de todas las áreas y modalidades, sindicatos y asociaciones del ámbito de educación se encuentran en estado de alerta en función de considerar que corre peligro la estabilidad y continuidad de la escuela pública.

En este sentido y a la luz del análisis de la situación actual opinamos sobre algunos aspectos que a continuación se exponen:

a) Alcances de las potestades del poder político

1.- El sistema político tiene derecho de designar a quien decida en los cargos políticos del sistema educativo. Tiene la potestad de designar a personas que no son docentes, a personas sin títulos idóneos, a personas sumariadas y sancionadas. Pero no tiene potestad, ni derecho para no cumplir con las normas establecidas legalmente como lo son la Constitución de la CABA, el Estatuto del Docente, el Reglamento Escolar, los Diseños Curriculares y sus anexos y otras normativas que encuadran y regulan la actividad docente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2.- La modificación de todo el organigrama político de conducción del sistema significa que no hay reconocimiento a las etapas anteriores como si la educación no fuera una política de estado. Esto implica arrogarse la pretensión de ser fundacional, lo que se puede observar a través de declaraciones de las autoridades a nivel periodístico o en reuniones de personal.

3.- Se observa desconocimiento por parte de distintos funcionarios, asesores y/o colaboradores de los encuadres normativos, de las dinámicas que implica la gestión educativa, lo que genera incertidumbre frente a las acciones.

4.- La función de los directores/as de áreas se torna confusa vinculada a los espacios de decisión que la misma conlleva por la naturaleza del cargo y su construcción histórica.

b) Sobre los modelos comunicacionales y lenguaje

1.- La ausencia de comunicación hacia las Áreas educativas, a las/os supervisoras/es, y al resto de los estamentos de la organización del sistema y a la comunidad educativa en general, acerca de la aplicación de la Política Educativa. No se han explicitado a través de una planificación, ni se observan desarrollos que den cuenta de futuros actos de gobierno en materia de política educativa teniendo en cuenta los cinco puntos, eje vertebrador de la misma según el Ministerio de Educación. Por ejemplo: ¿Cuál es y cómo se implementa la política en materia de integración?

2.- Se observan modelos de comunicación difusos, confusos, fragmentados, en ocasiones imperativos, que permiten e inducen a diferentes interpretaciones por parte de los interlocutores. Priman las excentricidades de algunas personalidades y los “chismes” de pasillo sin identificación alguna. Se reciben oralmente órdenes sin fundamentos.

3.- La información, en muchos casos, llega primero a los medios de comunicación masiva que a los estamentos correspondientes perturbando el vínculo hacia el interior del sistema educativo. Estos modos generan sentimientos de injusticia, desorientación, malestar, desvalorización de la tarea.

4.- El estímulo del uso de la relación informal hacia las máximas autoridades, lo que trastorna y deslegitima la vía jerárquica, vía que norma la actividad y que permite la transferencia fehaciente de la información desde y hacia el poder ejecutivo del ministerio. Esta práctica puede conducir, además, a la inexistencia de registros que avalen las gestiones del sistema.

5.- Se obtura la toma de decisión de equipos directivos y equipos de supervisión escolar en cuestiones sustentadas por la normativa vigente, tales como, la suspensión de clases, aviso previo de reuniones de equipos, “autorización par la realización de la capacitación obligatoria”, etc.

6.- Se percibe que no se reconoce el compromiso con lo público y se favorece el desentendimiento, siempre y cuando se den respuestas complacientes.

c) Sobre los espacios de reflexión conjunta

1.- Jornadas de reflexión o de organización institucional. La decisión de la gestión educativa de eliminar las jornadas de organización institucional gravita directamente en las condiciones de enseñar y aprender.

2.- Las funciones de la supervisión respecto del asesoramiento: El asesoramiento ofrecido en la Caja de herramientas institucionales no es el adecuado. Es función reglamentaria de la/el supervisora/or escolar y/o directivos escolares la de brindar asesoramiento a las escuelas y/o docentes que de el/ella depende. No es en otro nivel de gestión en el que se debe dar el asesoramiento (ej. Coordinación extra programática u otros). Por otro lado, las/los supervisoras/es escolares y directivos son, por derecho adquirido en concursos democráticos quienes se encuentran no solo formadas/os desde la formación y trayectoria educativa sino desde la legitimidad del cargo para realizar dicha tarea.

3.- Formación docente continua en servicio: La concepción de formación docente continua en servicio que se tiene desde el Ministerio de Educación no es compartido teniendo en cuenta la relación que ese Ministerio plantea y donde se deja afuera la contextualización institucional y regional dando a la asistencia del docente a cargo de la formación docente continua en servicio el rol de un “maestro/a particular” olvidando que una escuela no es un conjunto de docentes dando clases, sino un equipo de trabajo en el que las vinculaciones y articulaciones intra y extrainstitucionales, en las cuales los/las docentes pueden reflexionar sobre las prácticas con el otro en actos cooperativos de sostenimiento y crecimiento de la tarea docente y de la profesionalización, fundamentales para la formación integral de los alumnos.

4.- Caja de herramientas institucionales: Son recursos elaborados por técnicos sin la participación, consulta o acercamiento a las diversas instancias involucradas en la gestión educativa, siendo que la relación dialéctica entre el conocimiento teórico y el conocimiento pedagógico y didáctico de las instituciones escolares promueven un crecimiento que impacta directamente en la práctica diaria. Se puede observar que los instrumentos teóricos incluidos en dicho material adolecen de profundización y contextualización institucional, territorial, histórica, estimulando un proyecto escuela de índole tecnocrático y lineal.

5.- Así, con el mismo marco conceptual se propone la Coordinación de actividades extraprogramáticas. En este caso resulta poco clara la propuesta, centralizada y con criterios técnicos, descontextualizados (¿con qué elementos cuenta el director para seleccionar tal o cual actividad que se propone?). Se desconocen los procedimientos que operativizan las propuestas, tanto desde los instructivos como a través de los medios de comunicación brindados por esta coordinación, observándose además una inviabilidad e ineficiencia la organización (ej: recolección de sobres, análisis de los datos obtenidos, etc.).

6.- Nuestra tarea es enseñar y colaborar para que se desarrolle la enseñanza en las escuelas. Es ayudar y mejorar los aprendizajes de otros/as, nuestras/os estudiantes, desplegar sus potencialidades.
Es obligación del Estado viabilizar esta tarea para construir y reconstruir la identidad del trabajo de enseñar como intelectual transformador, pensar y re-pensar juntos como “intelectual colectivo” sobre los procesos de trabajo y sobre los destinos colectivos.

d) Sobre los recursos materiales y humanos

1.- Es deber del Gobierno administrar el presupuesto de la Ciudad de tal forma que se priorice la mejora de las condiciones materiales necesarias en las escuelas con carácter de urgente. El sentido de lo “público” como espacio de todos se construye como significado a partir de un todo coherente. Sin políticas públicas que hagan ese todo coherente, pensar a la escuela como espacio para la construcción de una sociedad que incluya, que construya sujetos de derecho y democratice las oportunidades es una tarea inimaginable con escuelas que:

a.deben absorber matrícula que impide poner en juego concepciones de enseñanza y de aprendizaje relacionadas con una perspectiva democrática.

b.escuelas que se encuentran en condiciones de infraestructura absolutamente deficientes.

2.- Resulta alarmante la falta de personal auxiliar de portería y maestranza, verdaderos auxiliares de la educación, recargando en los existentes el trabajo de mantener limpios los establecimientos, sin los suficientes recursos de materiales de limpieza.

3.- Las escuelas no han recibido ningún tipo de información certera acerca de los subsidios de equipamiento escolar y de material didáctico. Si bien las fechas que manejan históricamente son las actuales, el problema se suscita a partir de la falta de claridad de los mensajes que se reciben cuando no, mensajes contradictorios entres distintos actores de la gestión, responsables de la distribución o de la información sobre los mismos. Para un buen entendimiento se debería trabajar en un estado de comunicación válida, fehaciente y universal para todo el sistema.

4.- En otro aspecto se han pedido, con urgencia, las necesidades de equipamiento en distintos establecimientos, comunicación en general desde ámbitos ministeriales a las direcciones escolares, creando expectativas en los equipos directivos de la cierta y perentoria posibilidad de recibir ese material y hasta la fecha aún no se ha tenido información sobre esos temas.

5.- Por otro lado, las asociaciones cooperadoras no sólo no fueron informadas sobre las resoluciones tomadas o no, siendo que incluso se modificó el nombre de la Dirección de la cual dependían, omitiendo en la nueva denominación la inclusión de las mismas. Más allá de las decisiones de política educativa que las sostienen, en un sistema democrático y participativo, es de esperar que los padres/madres/tutores de los alumnos, cooperadores de las escuelas, sean tenidos en cuenta, informados e invitados para exponer sus puntos de vista.

Este tipo de accionar conlleva niveles de incertidumbre importantes y naturales para quienes por años fueron partícipes del mantenimiento de las escuelas junto con las autoridades escolares, distritales y ministeriales.

e) Sobre la infraestructura edilicia

1.- El mantenimiento estructural de los edificios es obligación inalienable del estado El subsidio de mantenimiento se requiere para que tanto en aquellos que se encuentran en buen estado como en los otros, se realicen gastos diarios, producto de su uso. En este sentido, el espíritu del subsidio de mantenimiento es el de posibilitar los gastos emanados de estas diligencias menores en edificios de uso intensivo como son las escuelas. La falta de información por parte de las autoridades y el no depósito de los subsidios de mantenimiento ponen no en situación de incertidumbre a las cooperadoras y autoridades escolares y distritales, atentan contra la seguridad edilicia.

2.-Se prevé desde el ministerio, girar a los/las directores/as de las escuelas un monto de 1500 $ en concepto de caja chica que, de acuerdo al Decreto que le dio origen no corresponde su utilización en gastos de mantenimiento edilicio. En esta línea de confusión e incertidumbre, se trastocan, no sólo los fines para los cuales se crea en el año 1996 este subsidio, sino que se delega en las/los supervisores/as el uso y rendición del dinero, corriendo de la escena a los padres cooperadores como parte de la comunidad educativa y ubicando en un rol de administrador de fondos a agentes cuya función es pedagógica.

3.-De acuerdo a lo informado en la Caja de herramientas institucionales, existe un Call Center para que los directivos escolares se dirijan toda vez que se presentan problemas edilicios. Sin poner en esta discusión, sobre la decisión de elegir esta denominación, cierto es que a la fecha este servicio no pudo solucionar los problemas suscitados en los edificios escolares, lo que en algunos casos, ha subsumido al personal en angustias y desconcierto por las respuestas obtenidas y por la ineficiencia del servicio en dos planos, uno por la ausencia de respuesta presencial y otro, la presencia sin los insumos para las solución de los problemas diagnosticados. En esta situación también se puede incluir la tarea de los arquitectos distritales de los cuales se observa buena voluntad y nulos espacios de decisión y resolución de problemas.

4.-La situación imperante es que aquellas escuelas que no cuentan con recursos propios o en que los directivos deben hacerse cargo de buscar profesionales en forma privada, la situación tiene una dilación que en casos ha obligado a los directores a tener suspender el servicio. Estas instancias que no son gratas para los directivos se agrava con la carga de sentirse en falta, dada la comunicación acerca de la suspensión de clases y la garantía de cumplir con los 180 días de actividad. Si bien estas problemáticas no son nuevas, la gestión no ha producido cambios para el mejoramiento de una asistencia que le es indelegable para el adecuado funcionamiento de los edificios, dejando a librado a los directores/as la resolución y responsabilidad en estas situaciones.

5.-En tanto, la Legislatura ha promulgado la Ley de emergencia edilicia ( Ley Nº 2565 Boletín oficial Nº 2836) por la cual se destinarán 450 millones de pesos para la adecuación de los edificios escolares , construcción ,etc.. En este aspecto, no se han comenzado obras, ni tampoco se cuenta con información fehaciente de su inicio, suspensión o modificación. Sin embargo si se ha presentado personal del área de recursos para ejecutar tareas de pintura que si bien en algunos casos es necesaria, no genera pérdida de días de clases, escena que se contrapone con ausencia de salidas de emergencias, techos que filtran, problemas estructurales de servicios cloacales, graves problemas en las instalaciones eléctricas, falta de suministro de agua, o gas, entre otras. Respecto del gas, el sistema educativo en su conjunto se informa a través de los medios de comunicación en entrevistas a autoridades responsables del área de recursos sobre la imposibilidad de modificar en un 100 % esta situación por este año , por lo que los niños y personal de la escuela sufrirán las condiciones climáticas que depare el invierno de Buenos Aires.

A modo de cierre

Estas puntualizaciones son por demás elocuentes para vislumbrar una gestión política que tiende a fragmentar y/o atomizar el sistema educativo estatal en su conjunto socavando y menospreciando su historia, su trayectoria, sus logros.
Sostenemos que la escuela pública es la que debe profundizar los valores democráticos, plurales, de integración social, de participación comunitaria, garantizando la igualdad de oportunidades en pos de la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, partícipes de su propia realidad individual y social. Entendemos que desde este modelo de gestión político –ideológica se propende hacia lo contrario, limando desde arriba hacia abajo uno a uno dichos valores.

Buenos Aires, abril de 2008

Petitorio
Trabajadoras y trabajadores del ámbito de Educación Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convoca a sus autoridades gubernamentales a la elaboración de un documento en el que se declare y difunda un compromiso escrito donde se manifieste: