Rodolfo Cámara abrió su laptop, entró en LimeWire y puso a bajar tres canciones: "Beautiful Girls" de Sean Kingston, "You Give Me Something" de James Morrison y "Happy Ending" de Mika… Minutos después, cuando estaba concentrado en elegir cuál de estos tracks le gustaba más, su padre entró en la habitación cortando el aire con una carta documento en la mano: EMI, Universal, Sony BMG y Warner lo intimaban a pagar nueve mil pesos por descargar y compartir música de sus catálogos. Así de simbólico fue el momento, tal como lo narra el propio Rodolfo. Tiene 21 años, y como otros cuatro millones y medio de usuarios en la Argentina, según fuentes de la industria, utiliza softwares como LimeWire, eMule, BitTorrent o Soulseek para conseguir gratis los discos o las canciones que le gustan. No es lo que se llama un "heavy user", un gran downloader: Apenas tenía 800 canciones, menos de diez gigas de música en su computadora, pero fue sorprendido como otros casi cien usuarios argentinos, según cifras de AADI-CAPIF, por la nueva y agresiva estrategia de las discográficas locales, en línea con los sellos de los Estados Unidos: perseguir a los usuarios que bajan e intercambian archivos en MP3… y hacer que paguen.
"Yo soy el primer boludo que conozco al que le pasa esto. No sé si me entendés…", dice Rodolfo después de pasar por la instancia de mediación judicial, en la que los abogados de su padre arreglaron con mediadora a cargo (Patricia Real, MJ 3147) y llegaron a un acuerdo de partes: en vez de los nueve mil pesos que reclamaban las compañías citadas, Rodolfo reconoció haber cometido un delito y pagó tres mil por la música más los honorarios de los abogados. La factura, en cuotas y a nombre de la Asociación para la Protección de los Derechos Intelectuales sobre Fonogramas y Videogramas (APDIF, especie de Secretaría Antipiratería Argentina), terminó siendo de casi cinco mil pesos por los "daños y perjuicios" ocasionados.